NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DECRETO LEGISLATIVO N°957 - LIBRO SEGUNDO: LA ACTIVIDAD PROCESAL, SECCIÓN I: PRECEPTOS GENERALES. ART. 114° AL 154°
LIBRO SEGUNDO
LA ACTIVIDAD PROCESAL
LA ACTIVIDAD PROCESAL
SECCIÓN
I: PRECEPTOS GENERALES
TÍTULO
I: LAS ACTUACIONES PROCESALES
CAPÍTULO
I: LAS FORMALIDADES
Artículo 114.- Idioma
1.
Las actuaciones procesales se
realizan en castellano.
2.
Cuando una persona no comprenda el
idioma o no se exprese con facilidad, se le brindará la ayuda necesaria para
que el acto pueda desarrollarse regularmente.
3.
Deberá proveérseles traductor o
intérprete, según corresponda, a las personas que ignoren el castellano, a
quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, así como a los sordomudos
y a quienes tengan algún impedimento para darse a entender.
4.
Los documentos y las grabaciones en
un idioma distinto del español deberán ser traducidos cuando sea necesario.
Artículo 115.- Declaraciones e
interrogatorios con intérpretes
Las personas serán interrogadas en castellano o por
intermedio de un traductor o intérprete, cuando corresponda. El Juez podrá
permitir, expresamente, el interrogatorio directo en otro idioma o forma de
comunicación. En tal caso, la traducción o la interpretación precederán a las
respuestas.
Artículo 116.- Lugar
1.
Las actuaciones procesales se
realizarán en el Despacho del Fiscal o del Juez, según el caso.
2.
No obstante ello, el Fiscal o el Juez
podrán constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, cuando resulte
indispensable, y no sea imposible o de muy difícil consecución, conocer
directamente elementos de convicción decisivos en una causa bajo su
conocimiento.
Artículo 117.- Tiempo
Salvo disposición legal en contrario, las
actuaciones procesales podrán ser realizadas cualquier día y a cualquier hora,
siempre que resulte absolutamente indispensable según la naturaleza de la
actuación. Se consignarán el lugar y la fecha en que se cumplan. La omisión de
estos datos no tornará ineficaz el acto, salvo que no pueda determinarse, de
acuerdo con los datos del acta u otros conexos, la fecha en que se realizó.
Artículo 118. – Juramento
1.
Cuando se requiera juramento, se
recibirá según las creencias de quien lo hace, después de instruirlo sobre la
sanción que se haría acreedor por la comisión del delito contra la
Administración de Justicia. El declarante prometerá decir la verdad en todo
cuanto sepa y se le pregunte.
2.
Si el declarante se niega a prestar
juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le exigirá
promesa de decir la verdad, con las mismas advertencias del párrafo anterior.
Artículo 119. – Interrogatorio
1.
Las personas que sean interrogadas
deberán responder de viva voz y sin consultar notas ni documentos, con
excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para ello, incluso los
imputados, en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos o
circunstancias del proceso.
2.
El declarante será invitado a
manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si es necesario,
se le interrogará. Las preguntas que se le formulen no serán impertinentes,
capciosas ni sugestivas.
Artículo 119-A.- Audiencia
1.
La presencia física del imputado es
obligatoria en la audiencia del juicio, conforme al inciso 1) del artículo 356,
así como en aquellos actos procesales dispuestos por ley.
2.
Excepcionalmente, a pedido del
fiscal, del imputado o por disposición del juez, podrá utilizarse el método de
videoconferencia en casos que el imputado se encuentre privado de su libertad y
su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades por la distancia o
porque exista peligro de fuga.
CAPÍTULO
II: LAS ACTAS
Artículo 120.- Régimen General
1.
La actuación procesal, fiscal o
judicial, se documenta por medio de acta, utilizándose de ser posible los
medios técnicos que correspondan.
2.
El acta debe ser fechada con
indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada, las
personas que han intervenido y una relación sucinta o integral -según el caso-
de los actos realizados. Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de
las disposiciones especiales previstas para las actuaciones que así lo
requieran.
3.
Será posible la reproducción
audiovisual de la actuación procesal, sin perjuicio de efectuarse la
transcripción respectiva en un acta. La Fiscalía de la Nación y el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, cada uno en su ámbito, en función a las
posibilidades de la Institución, dictarán disposiciones que permitan su
utilización.
4.
El acta será suscrita por el
funcionario o autoridad que dirige y por los demás intervinientes previa
lectura. Si alguno no puede o no quiere firmar, se dejará constancia de ese
hecho. Si alguien no sabe firmar, podrá hacerlo, en su lugar, otra persona, a
su ruego o bien un testigo de actuación, sin perjuicio de que se imprima su
huella digital.
Artículo 121.- Invalidez del acta
1.
El acta carecerá de eficacia sólo si
no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación
procesal, o si faltare la firma del funcionario que la ha redactado.
2.
La omisión en el acta de alguna
formalidad sólo la privará de sus efectos, o tornará invalorable su contenido,
cuando ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros
elementos de la misma actuación o actuaciones conexas, o no puedan ser
reproducidas con posterioridad y siempre que provoquen un agravio específico e
insubsanable a la defensa del imputado o de los demás sujetos procesales.
CAPÍTULO
III: LAS DISPOSICIONES Y LAS RESOLUCIONES
Artículo 122.-Actos del Ministerio Público
1.
El Ministerio Público, en el ámbito
de su intervención en el proceso, dicta Disposiciones y Providencias, y formula
Requerimientos.
2.
Las Disposiciones se dictan para
decidir: a)el inicio, la continuación o el archivo de las
actuaciones; b) la conducción compulsiva de un imputado, testigo
o perito, cuando pese a ser emplazado debidamente durante la investigación no
cumple con asistir a las diligencias de investigación; c) la
intervención de la Policía a fin de que realice actos de investigación; d) la
aplicación del principio de oportunidad; y, e) toda otra
actuación que requiera expresa motivación dispuesta por la Ley.
3.
Las Providencias se dictan para
ordenar materialmente la etapa de investigación.
4.
Los Requerimientos se formulan para
dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un acto
procesal.
5.
Las Disposiciones y los
Requerimientos deben estar motivados. En el caso de los requerimientos, de ser
el caso, estarán acompañados de los elementos de convicción que lo justifiquen.
6.
Rige, en lo pertinente, el artículo
127.
Artículo 123.- Resoluciones judiciales
1.
Las Resoluciones judiciales, según su
objeto son decretos, autos y sentencias. Salvo los decretos, deben contener la
exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la
determinación de la Ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y expreso.
2.
Los decretos se dictan sin trámite
alguno. Los autos se expiden, siempre que lo disponga este Código, previa
audiencia con intervención de las partes. Las sentencias se emiten según las
reglas previstas en este Código.
Artículo 124.- Error material, aclaración y adición
1.
El Juez podrá corregir, en cualquier
momento, los errores puramente materiales o numéricos contenidos en una
resolución.
2.
En cualquier momento, el Juez podrá
aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén
redactadas las resoluciones o podrá adicionar su contenido, si hubiera omitido
resolver algún punto controvertido, siempre que tales actos no impliquen una
modificación de lo resuelto.
3.
Dentro de los tres días posteriores a
la notificación, las partes podrán solicitar la aclaración o la adición de los
pronunciamientos. La solicitud suspenderá el término para interponer los
recursos que procedan.
Artículo 125.- Firma
1.Sin perjuicio de disposiciones especiales y de
las normas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones
serán firmadas por los jueces o por los miembros del Juzgado o de la Sala en
que actuaron.
2.La falta de alguna firma, fuera de lo dispuesto
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, provocará la ineficacia del acto, salvo
que la resolución no se haya podido firmar por un impedimento invencible
surgido después de haber participado en la deliberación y votación.
Artículo 126.- Poder coercitivo
El Fiscal y el Juez podrán requerir la intervención
de la fuerza pública y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento
seguro y regular de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO
IV: LAS NOTIFICACIONES Y CITACIONES
Artículo 127.- Notificación
1.
Las Disposiciones y las Resoluciones
deben ser notificadas a los sujetos procesales, dentro de las veinticuatro
horas después de ser dictadas, salvo que se disponga un plazo menor.
2.
La primera notificación al imputado
detenido o preso será efectuada en el primer centro de detención donde fue
conducido, mediante la entrega de copia a la persona, o si no es posible el
Director del Establecimiento informará inmediatamente al detenido o preso con
el medio más rápido.
3.
Salvo que el imputado no detenido
haya fijado domicilio procesal, la primera notificación se hará personalmente,
entregándole una copia, en su domicilio real o centro de trabajo.
4.
Si las partes tienen defensor o
apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos, excepto
si la Ley o la naturaleza del acto exigen que aquellas también sean
notificadas.
5.
Cuando la notificación deba
practicarse por medio de lectura, se leerá el contenido de la resolución y si
el interesado solicita copia se le entregará.
6.
Rige, en lo pertinente, lo dispuesto
en el Código Procesal Civil, con las precisiones establecidas en los
Reglamentos respectivos que dictarán la Fiscalía de la Nación y el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, en el ámbito que les corresponda.
Artículo 128.- Notificación por edictos
Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la
persona que deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edicto que
se publicará en el Diario Oficial de la sede de la Corte Superior o a través
del Portal o página web de la Institución, sin perjuicio de las medidas convenientes
para localizarlo.
La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, sin perjuicio de la reglamentación de este artículo, podrán
disponer, en el ámbito que les respecta, que se publiquen, en el Diario
Oficial, listas de personas requeridas por la justicia.
Artículo 129 Citaciones.
1.
Las víctimas, testigos, peritos,
interpretes y depositarios, podrán ser citados por medio de la Policía o por el
personal oficial de la Fiscalía o del órgano jurisdiccional, según las
directivas que sobre el particular dicte el órgano de gobierno respectivo.
2.
En caso de urgencia podrán ser
citados verbalmente, por teléfono, por correo electrónico, fax, telegrama o
cualquier otro medio de comunicación, de lo que se hará constar en autos.
3.
Los militares y policías en situación
de actividad serán citados por conducto del superior jerárquico respectivo,
salvo disposición contraria de la Ley.
4.
El respectivo Reglamento de
Citaciones, dictado por la Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, en el ámbito que les respecta, establecerá las precisiones que
correspondan.
Artículo 130.- Constancia
El resultado de las diligencias practicadas para
efectuar las citaciones y notificaciones se hará constar por escrito.
Artículo 131.- Defecto de la notificación
1. Siempre
que cause efectiva indefensión, la notificación no surtirá efecto cuando:
a) Haya
existido error sobre la identidad de la persona notificada;
b) La disposición o la resolución haya sido notificada en forma incompleta;
c) En la diligencia no conste la fecha o, cuando corresponda, la fecha de entrega de la copia;
d) Si en la copia entregada falta la firma de quien ha efectuado la notificación.
b) La disposición o la resolución haya sido notificada en forma incompleta;
c) En la diligencia no conste la fecha o, cuando corresponda, la fecha de entrega de la copia;
d) Si en la copia entregada falta la firma de quien ha efectuado la notificación.
2. El
vicio en la notificación se convalida si el afectado procede de manera que
ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la
disposición o resolución, o si ésta, no obstante carecer de un requisito
formal, ha cumplido su finalidad.
CAPÍTULO
V: COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES
Artículo 132 .- Forma
1.
Cuando un acto procesal, una diligencia
o una información relacionadas con la causa deban ejecutarse por intermedio de
otra autoridad, el Juez o el Fiscal podrán encomendarle su cumplimiento.
2.
La comunicación de ejecución
precisará la autoridad judicial que lo requiere, su competencia para el caso,
el acto concreto, diligencia o información solicitada, con todos los datos
necesarios para cumplirla, las normas legales que la posibilitan y el plazo de
su cumplimiento. La comunicación podrá realizarse con aplicación de cualquier
medio que garantice su autenticidad.
3.
En caso de urgencia se utilizará fax,
telegrama o correo electrónico y, eventualmente, podrá adelantarse
telefónicamente el contenido del requerimiento para que se comience a tramitar
la diligencia, sin perjuicio de la remisión posterior del mandamiento escrito.
4.
Cuando la delegación del acto tenga
por destinataria a otro Juez o Fiscal, se cursará el exhorto correspondiente
para su tramitación inmediata.
5.
La autoridad requerida, colaborará
con los jueces, el Ministerio Público y la Policía y tramitará, sin demora, los
requerimientos que reciban de ellos.
6.
El órgano de gobierno del Poder
Judicial y el Fiscal de la Nación dictarán los reglamentos correspondientes y
podrán celebrar convenios con otras instituciones públicas para requerir y
compartir información así como establecer sistemas de comunicación por internet
entre jueces y fiscales.
Artículo 133 Exhortos a autoridades extranjeras.-
1. Los
requerimientos dirigidos a jueces, fiscales o autoridades extranjeras se
efectuarán por exhortos y serán diligenciados en la forma establecida por los
Tratados y costumbres internacionales o, en su defecto, por este Código y las
demás Leyes del país.
2. Por
medio de la Fiscalía de la Nación o, en su caso, de la Corte Suprema de
Justicia, se canalizarán las comunicaciones al Ministerio de Relaciones
Exteriores, el cual, cuando corresponda las tramitará por la vía diplomática.
3. En
casos de urgencia podrán dirigirse comunicaciones a cualquier autoridad
judicial o administrativa extranjera, anticipando el exhorto o la contestación
a un requerimiento, sin perjuicio de que, con posterioridad, se formalice la
gestión, según lo previsto en los numerales anteriores.
CAPÍTULO
VI: LA FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE FISCAL Y JUDICIAL
Artículo 134.- Contenido del Expediente Fiscal
1.
El Fiscal, con motivo de su actuación
procesal, abrirá un expediente para la documentación de las actuaciones de la
investigación. Contendrá la denuncia, el Informe Policial de ser el caso, las
diligencias de investigación que hubiera realizado o dispuesto ejecutar, los
documentos obtenidos, los dictámenes periciales realizados, las actas y las
disposiciones y providencias dictadas, los requerimientos formulados, las
resoluciones emitidas por el Juez de la Investigación Preparatoria, así como
toda documentación útil a los fines de la investigación.
2.
El Fiscal de la Nación reglamentará
todo lo relacionado con la formación, custodia, conservación, traslado,
recomposición y archivo de las actuaciones del Ministerio Público en su función
de investigación del delito. Podrá disponer la utilización de los sistemas
tecnológicos que se consideren necesarios para el registro, archivo, copia,
transcripción y seguridad del expediente.
Artículo 135.- Requerimientos del Fiscal
1.
Los requerimientos que el Fiscal
formula al Juez de la Investigación Preparatoria deben acompañarse con el
expediente original o con las copias certificadas correspondientes, según la
investigación esté concluida o no, o en todo caso si la remisión del expediente
original no producirá retraso grave o perjuicio a las partes y a la
investigación.
2.
El Fiscal de la Nación emitirá las
directivas e instrucciones necesarias para garantizar y uniformizar la
presentación de las actuaciones que deben acompañar los requerimientos fiscales
al Juez de la Investigación Preparatoria, cuando la investigación no esté
concluida.
Artículo 136.- Contenido del Expediente Judicial
1.
Una vez que se dicta el auto de
citación a juicio, el Juez Penal ordenará formar el respectivo Expediente
Judicial. En este Expediente se anexarán:
2.
Los actuados relativos al ejercicio
de la acción penal y de la acción civil derivada del delito;
3.
Las actas en que consten las
actuaciones objetivas e irreproducibles realizadas por la Policía o el
Ministerio Público, así como las declaraciones del imputado;
4.
Las actas referidas a la actuación de
prueba anticipada;
5.
Los informes periciales y los
documentos;
6.
Las resoluciones expedidas por el
Juez de la Investigación Preparatoria y, de ser el caso, los elementos de
convicción que las sustentan;
7.
Las resoluciones emitidas durante la
etapa intermedia y los documentos, informes y dictámenes periciales que hayan
podido recabarse, así como -de ser el caso- las actuaciones complementarias
realizadas por el Ministerio Público.
8.
El Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial reglamentará todo lo relacionado con la formación, custodia,
conservación, traslado, recomposición y archivo del expediente judicial. Podrá
disponer la utilización de los sistemas tecnológicos que se consideren
necesarios para el registro, archivo, copia, transcripción y seguridad del
expediente.
Artículo 137.- Traslados, remisión y resolución
sobre la formación del expediente judicial
1.
Formado el expediente judicial, se
pondrá en Secretaría a disposición del Ministerio Público y de los demás sujetos
procesales por el plazo de cinco días para su revisión, eventual solicitud de
copias, simples o certificadas, y, en su caso, para instar la incorporación de
alguna pieza de las contempladas en el artículo anterior o la exclusión de una
que no corresponda incorporar. De esta última solicitud se correrá traslado a
las demás partes por igual plazo.
2.
El Juez resolverá, dentro del segundo
día de culminado el plazo anterior, mediante auto inimpugnable, la solicitud de
incorporación o exclusión de piezas procesales.
3.
Vencido este trámite, las actuaciones
diversas de las previstas en el artículo 136 serán devueltas al Ministerio
Público.
Artículo 138.- Obtención de copias
1.
Los sujetos procesales están
facultados para solicitar, en cualquier momento, copia, simple o certificada,
de las actuaciones insertas en los expedientes fiscal y judicial, así como de
las primeras diligencias y de las actuaciones realizadas por la Policía. De la
solicitud conoce la autoridad que tiene a su cargo la causa al momento en que
se interpone.
2.
El Ministerio Público, cuando sea
necesario para el cumplimiento de la Investigación Preparatoria, está facultado
para obtener de otro Fiscal o del Juez copia de las actuaciones procesales
relacionadas con otros procesos e informaciones escritas de su contenido.
3.
Si el estado de la causa no lo
impide, ni obstaculiza su normal prosecución, siempre que no afecte
irrazonablemente derechos fundamentales de terceros, el Fiscal o el Juez podrán
ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que hayan sido
pedidos mediante solicitud motivada por una autoridad pública o por
particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos.
Artículo 139.- Prohibición de publicación de la
actuación procesal.
1.
Está prohibida la publicación de las
actuaciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la Investigación
Preparatoria o la Etapa Intermedia. Asimismo, está prohibida la publicación,
incluso parcial, de las actuaciones del juicio oral cuando se producen en los
supuestos de privacidad de la audiencia.
2.
Está prohibida la publicación de las
generales de Ley y de imágenes de testigos o víctimas menores de edad, salvo
que el Juez, en interés exclusivo del menor, permita la publicación.
3.
Cuando los sujetos procesales y demás
participantes en las actuaciones procesales infrinjan esta prohibición, el
Fiscal o el Juez, según el caso, están facultados a imponerles una multa y
ordenar, de ser posible, el cese de la publicación indebida. Rige, en lo
pertinente los artículos 110 y 111 del Código Procesal Civil.
Artículo 140.- Reemplazo de los originales
faltantes por copias
1.
Cuando, por cualquier causa se
destruya, se pierda o sea sustraído el expediente, o el original de las
disposiciones y resoluciones o de otros actos procesales necesarios, la copia
certificada tendrá el valor del original y será insertado en el lugar en que
debería encontrarse el original.
2.
Con tal fin, el Fiscal o el Juez,
según el caso, incluso de oficio, ordenará, a quien tenga la copia, entregarla
a la Secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener gratuitamente otra copia
certificada.
3.
La reposición también podrá
efectuarse utilizando los archivos informáticos del Ministerio Público o del
Poder Judicial.
Artículo 141.- Recomposición de expedientes
1.
Si no existe copia de los documentos,
el Fiscal o el Juez, luego de constatar el contenido del acto faltante,
ordenará poner los hechos en conocimiento del órgano disciplinario competente,
y dispondrá -de oficio o a pedido de parte- su recomposición, para lo cual
recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y su contenido.
2.
Cuando sea imposible obtener copia de
una actuación procesal, se dispondrá la renovación del acto, prescribiendo el
modo de realizarla.
3.
Si aparece el expediente, será
agregado al rehecho.
TÍTULO
II: LOS PLAZOS
Artículo 142.- Regulación
1.
Las actuaciones procesales se
practican puntualmente en el día y hora señalados, sin admitirse dilación.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
numeral anterior, los plazos de la actividad procesal regulados por este Código
son por días, horas y el de la distancia. Se computan según el calendario
común.
Artículo 143.- Cómputo
Los plazos se computarán:
1.
Cuando son por horas, desde el
instante en que se produjo el acto procesal, incluyendo las horas del día
inhábil, salvo expresa disposición contraria de la Ley.
2.
Cuando son por días, a partir del día
siguiente hábil de conocido el mandato o de notificado con él.
3.
Sólo se computará los días inhábiles
tratándose de medidas coercitivas que afectan la libertad personal y cuando la
Ley lo permita.
4.
Salvo lo dispuesto en el numeral 3)
para el caso de medidas coercitivas que afectan la libertad personal, cuando un
plazo venza en día inhábil, se prorroga de pleno derecho al día siguiente
hábil.
5.
Los plazos comunes se computarán
desde el día siguiente hábil de la última notificación.
Artículo 144.- Caducidad
1.
El vencimiento de un plazo máximo
implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la Ley permita
prorrogarlo.
2.
Los plazos que sólo tienen como fin
regular la actividad de Fiscales y Jueces, serán observados rigurosamente por
ellos. Su inobservancia sólo acarrea responsabilidad disciplinaria.
Artículo 145.- Reposición del plazo
1.
Cuando factores de fuerza mayor o de
caso fortuito, o por defecto en la notificación que no le sea imputable, se
haya visto impedido de observar un plazo y desarrollar en él una actividad
prevista en su favor, podrá obtener la reposición íntegra del plazo, con el fin
de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la Ley, a su
pedido.
2.
La solicitud de reposición del plazo
se presentará por escrito en el plazo de veinticuatro horas luego de
desaparecido el impedimento o de conocido el acontecimiento que da nacimiento
al plazo.
3.
La solicitud deberá contener:
4.
La indicación concreta del motivo que
imposibilitó la observación del plazo, su justificación y la mención de todos
los elementos de convicción de los cuales se vale para comprobarlo; y,
5.
La actividad omitida y la expresión
de voluntad de llevarla a cabo.
Artículo 146.- Subsidiariedad
El Fiscal o el Juez podrán fijar plazos a falta de
previsión legal o por autorización de ésta.
Artículo 147.- Renuncia de plazos
1.
Los sujetos procesales podrán
renunciar, total o parcialmente, a los plazos establecidos en su favor, por
manifestación expresa.
2.
Si el plazo fuere común, la
abreviación o la renuncia requerirán el consentimiento de todas las partes y la
aprobación del Juez.
Artículo 148.- Término de la distancia
1.
El término de la distancia se computa
teniendo en cuenta la sede geográfica, y el medio de locomoción utilizable y
disponible para el caso concreto.
2.
La Corte Suprema de Justicia de la
República elaborará el cuadro correspondiente.
TÍTULO
III: LA NULIDAD
Artículo 149.- Taxatividad
La inobservancia de las disposiciones establecidas
para las actuaciones procesales es causal de nulidad sólo en los casos
previstos por la Ley.
Artículo 150.- Nulidad absoluta
No será necesaria la solicitud de nulidad de algún
sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos
concernientes:
a)A
la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de
su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia;
b)Al
nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o Salas;
c)A
la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio Público en
las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria;
d)A
la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos
por la Constitución.
Artículo 151.- Nulidad relativa
1.
Excepto en los casos de defectos
absolutos, el sujeto procesal afectado deberá instar la nulidad por el vicio,
cuando lo conozca.
2.
La solicitud de nulidad deberá
describir el defecto y proponer la solución correspondiente.
3.
La solicitud deberá ser interpuesta
dentro del quinto día de conocido el defecto.
4.
La nulidad no podrá ser alegada por
quien la haya ocasionado, haya concurrido a causarla o no tenga interés en el
cumplimiento de la disposición vulnerada. Tampoco podrá ser alegada luego de la
deliberación de la sentencia de primera instancia o, si se verifica en el
juicio, luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva.
Artículo 152.- Convalidación
1.
Salvo los casos de defectos
absolutos, los vicios quedarán convalidados en los siguientes casos:
a)Cuando
el Ministerio Público o los demás sujetos procesales no hayan solicitado
oportunamente su saneamiento;
b)Cuando
quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los
efectos del acto;
c)Si,
no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los
interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las facultades de los
intervinientes.
2. El saneamiento no procederá cuando el acto
irregular no modifique, de ninguna manera, el desarrollo del proceso ni
perjudique la intervención de los interesados.
Artículo 153.- Saneamiento
1.
Los defectos deberán ser saneados,
siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo
con el acto omitido, de oficio o a instancia del interesado.
2.
Bajo pretexto de renovación del acto,
rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no puede retrotraerse
el proceso a períodos ya precluidos, salvo los casos expresamente previstos por
este Código.
Artículo 154.- Efectos de la nulidad
1.
La nulidad de un acto anula todos los
efectos o actos consecutivos que dependen de él. El Juez precisará los actos
dependientes que son anulados.
2.
Los defectos deberán ser subsanados,
siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo
el acto omitido.
3.
La declaración de nulidad conlleva la
regresión del proceso al estado e instancia en que se ha cumplido el acto nulo.
Sin embargo, no se podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas salvo en los
casos en que así correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de
apelación o de casación.
4.
La declaración de nulidad de
actuaciones realizadas durante la Investigación Preparatoria, no importará la
reapertura de ésta. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo
del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o
a la etapa intermedia.
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